La actualización responde a la evolución de los procesos docentes y de evaluación, marcada por la digitalización y la aparición de nuevas formas de fraude académico asociadas al uso indebido de dispositivos electrónicos y herramientas basadas en inteligencia artificial.
Con este cambio normativo, la UPV busca ofrecer un marco más claro, actualizado y eficaz que garantice la igualdad de oportunidades entre el estudiantado y preserve el valor de los títulos universitarios.
El rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, ha destacado que "la universidad tiene la responsabilidad de garantizar que las calificaciones reflejen realmente los conocimientos y competencias adquiridos por nuestro estudiantado. La tecnología y la inteligencia artificial ofrecen enormes oportunidades para aprender, investigar e innovar, pero su utilización debe realizarse siempre de forma ética y conforme a las reglas establecidas en cada actividad de evaluación".
La principal novedad se incorpora al artículo 15 de la normativa de evaluación. A partir de ahora, durante la realización de los exámenes el estudiantado no podrá disponer de teléfonos móviles ni de otros dispositivos electrónicos de emisión, recepción o almacenamiento de información que no hayan sido expresamente autorizados. Únicamente se permitirán aquellos necesarios por motivos de salud, siempre que hayan sido comunicados previamente al profesorado.
El incumplimiento de esta prohibición supondrá la expulsión inmediata del lugar donde se desarrolla la prueba, la calificación de cero en el examen y, cuando proceda, la aplicación de las medidas previstas en la normativa universitaria. Además, la UPV podrá utilizar medios electrónicos y técnicos para detectar la presencia de estos dispositivos durante las pruebas de evaluación, circunstancia de la que el estudiantado será informado previamente.
La reforma también incorpora un procedimiento específico para documentar las incidencias relacionadas con la honestidad académica mediante un acta formal, establece consecuencias académicas inmediatas ante comportamientos fraudulentos y adapta distintos procedimientos de evaluación y reclamación para reforzar la coherencia del conjunto de la normativa.
José Capilla ha añadido que "esta actualización normativa no pretende generar un clima de desconfianza, sino proteger a la inmensa mayoría del estudiantado que trabaja con esfuerzo y honestidad. Defender la integridad académica significa defender el prestigio de la UPV, el valor de sus títulos y la igualdad de oportunidades para todas las personas".
Prueba oral o escrita
Asimismo, la reforma introduce un nuevo apartado que regula de forma más detallada la actuación en los casos en los que se detecte un comportamiento contrario a la honestidad académica durante cualquier acto de evaluación. En estos supuestos, la incidencia deberá quedar debidamente motivada y documentada mediante el correspondiente acta, y el acto de evaluación afectado será calificado automáticamente con un cero.
Como novedad relevante, la normativa contempla que el profesorado responsable de la asignatura pueda requerir la realización de una prueba de evaluación de conjunto, de carácter oral o escrito, en la que se excluirá la parte afectada por la incidencia.
Esta prueba deberá ajustarse a criterios de objetividad y proporcionalidad, y su resultado permitirá determinar la calificación final de la asignatura en función de la ponderación correspondiente, manteniéndose en todo caso la calificación de cero en la parte en la que se haya producido la incidencia. La aplicación de estas medidas será independiente de la eventual incoación de un procedimiento disciplinario conforme a la normativa vigente.